En México 8 de cada 10 personas que hoy están en prisión fueron detenidas por policías o militares sin que existiera una orden de aprehensión en su contra. La mayoría fueron privados de su libertad en la calle o en su casa sin una orden judicial, solo señalados por testigos de supuestamente haber perpetrado antes un delito.
Una vez detenidos, no les informaron los delitos que supuestamente cometieron ni les leyeron sus derechos. Peor aún: antes de llegar a la agencia del Ministerio Público más del 60% de ellos fueron intimidados y la casi la mitad fueron golpeados o torturados. Ya en el MP los maltratos prevalecieron: uno de cada dos fue incomunicado, el 30% fue golpeado y el 10% fue electrocutado. El 15% de las mujeres fueron violadas o abusadas sexualmente.
Todo esto pasó sin que la mayoría de estas personas contaran con un abogado que los representara, asesorara o defendiera. De hecho, en casi el 80% de los casos los defensores de oficio no le preguntaron si fueron golpeados y, en cambio, les pidieron que se declararan culpables para cerrar rápido los procesos.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 reveló que aun cuando el nuevo sistema penal cumplió ya cinco años en funcionamiento persisten las violaciones al debido proceso, los maltratos, abusos y tortura en toda la cadena que lleva a una persona a la cárcel: desde que es detenida, pasando por el Ministerio Público, hasta que tiene que enfrentar su proceso en un centro penitenciario.
En comparación con 2016, cuando aun funcionaba el viejo sistema penal, existen algunos avances como la reducción de la violencia física que alcanzó niveles superiores al 60% hace cinco años. Sin embargo, al mismo tiempo se ha profundizado la ausencia de abogados y se han documentado otro tipo de presiones como amenazas de muerte a los detenidos.
Los datos de la ENPOL muestran que al cierre del primer semestre de este año había más de 220 mil personas encarceladas en México, un incremento de casi 10 mil internos respecto a los que había en 2016, fecha de la última encuesta. El porcentaje de ingreso de personas a prisión sin sentencia ha subido y en el caso de las mujeres prácticamente la mitad está encarcelada sin que se haya probado que cometió un delito.
Estos números confirman lo reportado por Animal Político e Intersecta en el reportaje “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”, donde se documentó el crecimiento de encarcelamiento de personas sin sentencia. De hecho, de acuerdo con la ENPOL 2021, más del 40% de las personas encarceladas niegan haber cometido algún delito.
A continuación, se detallan los principales hallazgos relacionados con posibles violaciones al debido proceso, defensas inadecuadas y los maltratos documentados por la ENPOL en cada fase del procedimiento penal.
Los arrestos: opacidad, abusos y nula investigación
La detención y encarcelamiento de personas como resultado de una investigación que haya derivado en una orden de aprehensión no es la regla sino la excepción. La ENPOL arroja que solo el 19% de las personas en prisión fue detenido con esta modalidad.
En cambio, la forma mas común de detención de una persona es asegurarlo en la calle, aunque no este cometiendo un delito en flagrancia ni exista una orden en su contra. El 23% de las personas señalaron haber sido aseguradas de esta forma que, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, es injustificada. Cabe señalar que este porcentaje creció respecto a lo reportado en 2016 cuando la cifra era de 20%.
A ellos se suman un 19.8% de personas que además sostienen que la policía o los militares ingresaron a su domicilio o a una propiedad y ahí los detuvieron. Todo ello sin que tampoco existiera una orden de arresto ni de cateo.
Un 12% de los detenidos sostienen que las autoridades los aseguraron luego de una revisión. El resto de las personas fueron detenidas inmediatamente después de que cometieron un presunto delito.
De forma contraria a lo que marca ley, solo en 1 de cada 5 casos el agente que realizó la detención se identificó y mostró su placa o credenciales. Además, 3 de cada 4 personas en prisión señalaron que nunca les explicaron o leyeron sus derechos cuando fueron detenidos, y a muchos tampoco les explicaron que delito habían cometido.
Y luego vienen los maltratos y la posible tortura. Los datos de Inegi revelan que casi el 65% de todos los detenidos sufrió algún tipo de violencia psicológica, y casi la mitad, el 48.6%, padeció de violencia física.
