ncuesta reciente: amplio rechazo social
Una encuesta revela que 73 % de los mexicanos desaprueba el aumento al impuesto sobre los refrescos. Esto equivale a casi 7 de cada 10 personas, un rechazo contundente hacia una medida que ya se estaría considerando en el Paquete Económico 2026.
Dentro del desglose:
- 57 % está “muy en desacuerdo”
- 12 % se muestra “algo en desacuerdo”
- 21 % está “muy de acuerdo”
- 17 % se dice “algo de acuerdo” con la propuesta
La encuesta se realizó vía telefónica a 1,200 personas entre el 4 y 5 de septiembre, con un nivel de confianza del 95 % y un error máximo de ±2.85 %.
¿Por qué el rechazo es tan alto?
El posible incremento al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) sobre bebidas azucaradas surge en un contexto donde el gobierno ha mostrado interés en ajustar gravámenes para aumentar la recaudación, aunque la presidenta Sheinbaum se había comprometido a no subir impuestos.
Ese impuesto ha aumentado en términos reales alrededor de un 40 % desde su implementación en 2014. Además, ha tenido un impacto limitado en reducir el consumo de refrescos —a menudo relacionados con zonas empobrecidas donde el agua potable es escasa y el refresco se convierte en la opción más accesible.

Visualiza el sentir social:
“7 de cada 10 mexicanos desaprueban el aumento de impuesto al refresco” — Encuesta nacional
Datos clave
Tema | Detalles |
---|---|
Desaprobación del impuesto | 73 % rechaza el aumento (57 % muy en desacuerdo; 12 % algo en desacuerdo) |
Apoyo a la medida | 38 % está a favor (21 % muy de acuerdo; 17 % algo de acuerdo) |
Metodología | 1,200 encuestas telefónicas; 4–5 de septiembre; 95 % confianza; ±2.85 % |
Contexto económico actual | Aumento real del IEPS del 40 % desde 2014. Críticas por efectos regresivos |
Compromiso oficial | Hubo promesa de no elevar impuestos, pero el aumento está sobre la mesa |
La encuesta evidencia un rechazo amplio de la población al posible aumento de impuestos a refrescos, especialmente en un contexto donde la población ya percibe los costos de vida como elevados. La medida, si se implementa, podría considerarse un choque fiscal notable, aunque enmarcado en la necesidad de financiar programas sociales. Sin embargo, sin medidas complementarias de salud pública y acceso al agua, podría reforzar la percepción de que la política fiscal privilegia ingresos sobre bienestar ciudadano.