Este miércoles 11 de febrero, un Juez de Control resolvió que Gaby “N” permanezca bajo prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.
El juez encargado del caso calificó de legal la detención, la cual se realizó el pasado 10 de febrero en el estado de Oaxaca.
A la enfermera se le acusa por el delito de homicidio calificado, por lo que podría alcanzar una sentencia de hasta 50 años en caso de que la justicia dicte su culpabilidad.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó diversos videos para comprobar la participación en el atropellamiento y muerte de Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida en la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero de 2026,
Video de C4 Jimenez pic.twitter.com/oYJjFsqquj
— Comunicacion XXI (@ComunicacionXXI) February 10, 2026
Según reportes, la defensa de Gaby “N” solicitó duplicidad del termino constitucional, por lo que la audiencia donde posiblemente se le vincule a proceso será realizada el siguiente 16 de febrero.
La audiencia inicial fue celebrada en la sede del poder judicial ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Al termino del proceso, Gaby “N” será trasladada de vuelta al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Legalidad de la detención y traslado desde Oaxaca
El juez declaró la legalidad de la detención de Gaby “N”, quien fue arrestada en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca.
Las autoridades lograron ubicar a la acusada en esta localidad, a la que se habría trasladado después de la comisión del homicidio en Iztapalapa.
El reconocimiento judicial de la detención como ajustada a derecho representa un paso determinante en la causa penal.
Según reportes de medios nacionales como La Jornada, al escuchar la imputación de las autoridades, Gaby “N” optó por no emitir declaración alguna durante la audiencia. La acusada permaneció en silencio ante los señalamientos del Ministerio Público, mientras su equipo de defensa legal solicitó la duplicidad de término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia se reanudaría el próximo 16 de febrero.
Esta petición busca extender el plazo legal para aportar elementos y preparar la estrategia de defensa antes de que se defina la situación jurídica de la procesada.
