La extorsión telefónica ha crecido de manera importante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es el delito más frecuente en 14 entidades y el centro del país tiene una cifra alta, de ahí la importancia del consenso que se dio en torno a las iniciativas que dieron lugar a la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de poner orden cuanto antes.
El titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, destacó que, de los 33 millones de delitos que se comenten en México anualmente, el segundo es el de extorsión, más de seis millones se cometieron el año pasado.
Hay un incremento importante en el costo social de extorsión. En 2018, 12 mil millones de pesos se canalizaron al crimen organizado producto de este ilícito.
Desde 2019, de acuerdo al funcionario, se trabaja en una base de datos, cuyo objetivo es que los ciudadanos realicen una denuncia a la línea 089 y al 911 para reportar una extorsión; en octubre de este año se recibieron 10 mil llamadas.
En el marco del foro virtual sobre “Registro de Usuarios de Telefonía Móvil”, diputados, funcionarios, concesionarios y sociedad civil externaron sus comentarios sobre las iniciativas y, señalaron que la prioridad es brindar seguridad a la población y, en particular se reduzca el delito de extorsión.
Fue el titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Rafael Eslava Herrada, quien coincidió en la necesidad apremiante de encontrar una solución al crecimiento exponencial en materia delictiva e identificar los medios que permitan abatir este problema de seguridad pública.
Aludió que el artículo 6º constitucional señala que es función del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías y servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que es necesario analizar una medida legal a efecto de no perjudicar en otros ámbitos la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como regulador.
Por su parte, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Sóstenes Díaz González, señaló que un registro requiere que se realice una verificación contra una base que contenga datos biométricos y esto podría tener como ventaja reducir la posibilidad de fraude.
Sería obligación de los usuarios proporcionar la información necesaria para el registro, como nombre, identificación y comprobante de domicilio. Los concesionarios deberían validar los datos e inscribirlos en la base del IFT. Una vez implementada se debería establecer quiénes pueden acceder a esa información y protección de datos.
TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DEL CHIP
A su vez, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, el panista Víctor Manuel Pérez Díaz, explicó con la discusión de ideas en el ejercicio del foro, se abonó al análisis de las iniciativas sobre un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil para normar su funcionamiento, así como regular la compra de tarjetas SIM prepago, a fin de conocer quiénes son los dueños de las líneas telefónicas y reducir su uso en actos delictivos.
Notificó que hay cerca de 140 millones de líneas y, de ellas, 122 millones son móviles. “Nos interesa escuchar todos los puntos de vista sobre cuánto nos cuesta implementarlo y cuánto el no hacerlo”.
Pérez Díaz llamó a encontrar cómo el marco jurídico ayudará a solucionar definitivamente el tema del secuestro, robo y la comisión de delitos a través del uso de la telefonía móvil por medio del chip.
“Debemos hacer algo, pero en el marco del respeto a los derechos humanos; la presunción de inocencia no se puede evadir ni incluir en una iniciativa que pasará a ser política pública; hay que proteger los datos personales y visualizar la factibilidad económica de implementar el registro”, aclaró.
El exdirector general en la Subsecretaría de Comunicaciones federal, Carlos Gorostiza Zatarain, destacó la importancia del registro y estimó fundamental su implementación, en especial la certeza del buen manejo de los datos personales de los usuarios y que se informe de los procedimientos a seguir en caso de pérdida o robo del celular para deslindar cualquier mal uso.
En su momento, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, la morenista Juanita Guerra Mena, apoyó la regulación de la propuesta planteada en las iniciativas, que calificó de indispensable. Recordó que en LXIV Legislatura “nos hemos caracterizado por realizar esfuerzos para revisar una estructura y mecanismo punitivos, a fin de fortalecer el papel institucional del Estado”.
