Impuesto a la salud: el nuevo golpe al bolsillo
El llamado “impuesto a la salud” no trae nada nuevo: solo más carga fiscal para los mexicanos. La propuesta es elevar el gravamen a los refrescos de 1.64 a 3.08 pesos por litro, un aumento cercano al 80 %, tratándose igual a bebidas azucaradas que a las que usan sustitutos. Con esto, el gobierno pretende recaudar 41 mil millones de pesos en 2026.
Claudia Sheinbaum dice que ojalá no se recaude “ni un centavo”, porque eso significaría que nadie consume refrescos. Pero la realidad es otra. En estados como Chiapas o Guerrero, el refresco forma parte de la dieta diaria de muchas familias. Es decir: el dinero sí entrará a las arcas federales, pase lo que pase.
Hacienda asegura que el dinero “está etiquetado para salud” y promete bebederos en las escuelas. Sin embargo, la experiencia demuestra que el consumo no disminuirá y que estos recursos son, en los hechos, dinero fácil para el gobierno.
La Asociación Mexicana de Bebidas advierte que el incremento pondrá en riesgo 150 mil empleos y afectará a 400 mil pequeños comercios, además de golpear más a los hogares de bajos ingresos, que destinan tres veces más recursos a refrescos y bebidas saborizadas que los de mayores ingresos.
Además, surgen las preguntas de fondo:
- ¿Por qué solo los refrescos?
- ¿Dónde quedan otras bebidas azucaradas y la comida chatarra?
- ¿Por qué no comenzar con políticas de salud y reformulación de productos, en vez de castigar con impuestos?
Mientras la Secretaría de Salud argumenta que “los refrescos mutilan, enferman y matan”, y recuerda que los mexicanos consumen 166 litros de refresco al año, la medida sigue siendo, en el mejor de los casos, insuficiente para combatir la obesidad y la diabetes.
Un estudio de Dinamic, que analizó casi 6 mil comentarios en redes sociales, revela que 60 % de los mexicanos rechaza el aumento, frente a un 30 % que lo apoya y un 10 % que se mantiene indiferente.
En resumen, el nuevo impuesto no es una estrategia de salud pública, sino una recaudación disfrazada. Una política que castiga más a los que menos tienen y que, lejos de resolver la crisis de salud, termina siendo un pretexto para que el gobierno meta mano al bolsillo de los ciudadanos una vez más.
