El periodo más mortífero fue el de Enrique Peña Nieto, con 42 alcaldes asesinados, seguido por Felipe Calderón Hinojosa, con 37, y Andrés Manuel López Obrador, con 26. En lo que va del actual sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, ya se registran 10 casos, lo que refleja que el fenómeno sigue vigente y sin freno.
Por entidad, Oaxaca encabeza la lista con 24 homicidios, seguido de Michoacán con 20, Veracruz con 13, Guerrero con 12, Puebla con 8, Durango con 6, Jalisco con 5, y tanto Chihuahua como Estado de México con 4. Los datos revelan que la violencia política se ha extendido por todo el país, afectando a municipios grandes y pequeños por igual.
Entre los partidos con más víctimas, el PRI suma 38 alcaldes asesinados, el PRD 19, el PAN 18, y tanto Morena como el PVEM 9 cada uno. También se registran 5 casos en Movimiento Ciudadano y el PT, así como varios en partidos locales o independientes, como el del propio Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero.
El modus operandi más común en estos crímenes es la emboscada seguida de ejecución con arma de fuego, aunque también se han documentado casos de asfixia, secuestros, estrangulamientos, puñaladas e incluso una decapitación y una lapidación.
En muchos de estos ataques, las víctimas fueron asesinadas junto a sus familiares, escoltas o choferes.
Varios alcaldes habían denunciado amenazas previas a sus asesinatos. Tal fue el caso de Ambrosio Soto Duarte, edil de Pungarabato, Guerrero, quien pidió ayuda públicamente semanas antes de ser asesinado en 2016. También Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, había advertido sobre intentos para impedirle asumir el cargo antes de ser ultimada junto a su esposo y su chofer en 2019.
La lista de nombres continúa: Jesús Eduardo Franco Lárraga, de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue ejecutado en 2024; Víctor Espinoza Tolentino, de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, fue asesinado junto a su familia; y Olga Kobel Lara, de Juárez, Coahuila, fue secuestrada y hallada sin vida en 2018. Cada uno de estos casos refleja una misma constante: la impunidad y el peligro de ejercer el poder local en México.
De acuerdo con datos de organizaciones civiles, al menos 85 alcaldes más han sido víctimas de atentados, amenazas o secuestros desde 2018, lo que deja claro que ser presidente municipal en México no sólo implica gobernar, sino también sobrevivir a la violencia que acecha a quienes desafían intereses criminales o políticos.
