La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó esta mañana de un operativo en la planta de la cementera Cruz Azul en el estado.
Según el comunicado Oficial, se ejecutó una orden judicial en acato a lo ordenado por un juez del Estado de México para la restitución de las instalaciones.
“Autoridades del estado de Hidalgo participan en el operativo para dar seguridad perimetral a la población”, informaron.
Según medios locales, como La Jornada Hidalgo, desde aproximadamente las 04:00 horas de la mañana, se tiene presencia policial en la zona ante lo que señalan como el ingreso y toma de posesión del inmueble.
Asimismo, se reportó lo que destacaron como detonaciones de armas de fuego.
Testimonios recabados por el medio afirman que personas no identificadas descendieron durante la madrugada de camionetas blancas e ingresaron a las instalaciones.
🏭⚖️ | La Procuraduría de Hidalgo informó que el ingreso a la planta Cruz Azul en Tula responde a una diligencia de restitución ordenada por un juez del Estado de México y realizada por la Fiscalía del Edomex. 🚨
— Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) February 12, 2026
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Jocelyn Sánchez, periodista de La Jornada Hidalgo, reporta que los testigos señalaron la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y de policías municipales de la zona, incluyendo Tula y Atitalaquia.
En Aristegui en Vivo, Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Cruz Azul y presidente del club de futbol Cruz Azul, afirmó que la planta “ya llevaba más de cinco años secuestrada” por un grupo de la “delincuencia”.
Lo que se dio hoy fue, en sus palabras, el “cumplimiento a un mandato judicial, el cual se llevó de una manera aparatosa porque fueron bastantes elementos”.
Dijo que no hay reportes ni de heridos ni de muertos: “nada de eso”. En torno a lo reportes de disparos durante el operativo, estos también fueron descartados.
Sostuvo que había una dinámica para que “cuando hubiese algún evento en la planta, lanzaban cohetones o cohetes” para que la gente de este grupo “se acercaran” y se opusieran a que se cumplimentara la orden judicial: “eso es lo que escucharon”.
En otro punto, agregó que la intención fue recuperar la fuente de empleo, ya que la zona de Tula se ha visto muy afectada económicamente.
Según estima, se busca recuperar más de tres mil empleos directos que se han perdido en esa planta, y tres mil más de forma indirecta.
Sobre el grupo delictivo que afirma tuvo secuestrado el inmueble durante más de cinco años, aseveró que se trata de uno comandado por Billy Álvarez, exdirector general de la cooperativa detenido en enero de 2025, y Federico Sarabia, exlíder de paristas detenido en junio del mismo año.
Billy Álvarez
Asimismo, destacó que a lo largo de los cinco años del “secuestro” hubo múltiples detenidos por fraude procesal, defraudación fiscal y asociación delictuosa, entre otros delitos.
Lo sucedido esta mañana sería solo un capítulo más en una serie de hechos relacionados a la cooperativa.
Según destaca Velázquez, el subsecretario de Gobernación hace un par de años, César Yáñez Centeno Cabrera, estuvo en la planta buscando el diálogo “y lo agredieron”.
Previo al secuestro en la planta trabajaban aproximadamente tres mil 500 personas según informa Velázquez, pero esta madrugada se encontraba tomada por un grupo de 60 personas, ya que desde 2022 está fuera de operación.
¿”Disputa” con Billy Álvarez?
Al ser cuestionado sobre si hay una disputa legal por la titularidad, la posesión o el control de la Cruz Azul, el invitado afirmó a Carmen Aristegui que “nosotros tenemos el control de toda la cooperativa, de toda la organización”
“Y la organización, no solamente […] el equipo de fútbol, son hoteles, hospitales, son colegios, son plazos comerciales y plantas productoras, fabricas. Hemos hecho inversiones en diferentes estados y solamente faltaba recuperar esa planta que estaba secuestrada por este grupo comandado y ordenado por Guillermo Álvarez Cuevas y por Federico Saravia”.
Previo a la recuperación del espacio, explicó que “legalmente estábamos desalojados de esa unidad productora, y tenemos cinco años pagando sueldos, salarios, a más de dos mil gentes, y que al final nosotros por no afectar, sobre todo socialmente a todo el municipio, nosotros seguimos cumpliendo con sus pagos de salarios, buscando dar servicio a la comunidad, y era necesario ya dar cumplimiento a ese mandato judicial para recuperar nuestra fuente de trabajo”.
